El Pueblo manda o castiga

Aflora lo más crudo de la puja distributiva en el encendido debate por la Licitación del Siglo

Por César Briatore

Durante décadas, un regalo desde la política al poder concentrado permitió desarrollar un negocio millonario sin control, favoreciendo los ilícitos, destruyendo el ambiente y cediendo bienes públicos para el usufructo extranjero. Eso estuvo a punto de terminar pero No fue así, la estafa continúa.

Revive la AGP luego de la ola privarizadora

No terminó el desfalco sobre el Paraná cuando se renovó la concesión por 90 días a finales de abril y no termina tampoco ahora con la publicación  del Decreto 427/21. La renovación hacia Hidrovía SA significó una facturación cercana a unos 100 millones de dólares que es un valor superior al de la compra de dos dragas nuevas de gran porte imprescindibles para retomar el rol público en ese área. Lo de la corriente renovación es  solo un regalo más y sin sentido a la controversial firma que arrastra un historial de irregularidades dignas de una investigación multidisciplinaria pero que es poco probable porque entre bomberos no se pinchan la manguera.

Hay claramente connivencias y líneas cruzadas de intereses que hacen la resolución de la navegabilidad de nuestros ríos interiores un problema mucho más complejo de lo que en sí mismo es. De hecho, a pesar de la causa abierta por sobornos, la empresa del denunciante Arrepentido sigue siendo una próspera proveedora de material vial rodante para el Ministerio de Transporte visitada por nuestros actuales funcionarios, tan así está todo mezclado. 

La renovación de la licitación aunque sea por días fue una clara demostración del temor a cambiar algo pero el mayor ejemplo de la voluntad política de ceder las obras de Dragado y Balizamiento al sector privado es que al día de hoy no se han iniciado obras de construcción navales a nombre del Estado argentino para afrontar esas tareas. No han escuchado ni a los ingenieros egresados de la UBA ni a la Cámara de la Industria naval argentina ni a otros profesionales del sector que comunicaron oficialmente la capacidad instalada en nuestro país para construir aquellos artefactos que el presidente de la nación Alberto Fernández se empecina en idealizar como inalcanzables. Ni siquiera recurrieron a la compra en el exterior, un recurso repudiado por nuestra mano de obra y escasos sindicatos pero un recurso al fin con que al Estado nacional, más allá del signo político que lo administre, le agrada bastante repetir. No lo hicieron porque no quieren. 

Realmente este tema no requiere demasiado análisis técnico si se repasan algunos hechos abordados en varias instancias:

  • La Argentina tiene grandes necesidades de obras de Dragado y Balizamiento por sus abundantes vías Navegables;
  • El Estado no realiza los trabajos porque no fabrica ni adquiere equipos y ha abandonado o cedido a privados los que tenía;
  • La concesión a Hidrovía SA está plagada de irregularidades demostradas por los organismos de control;
  • Retomar los servicios privatizados en 1995 es necesario para recuperar parte del control estratégico del comercio exterior;
  • Equipar al Estado con los equipos necesarios puede ser un gran aliciente al desarrollo de la industria naval nacional y es viable financieramente.

Dicho esto, no queda más que analizar el aspecto político de este agudo debate que propone la sociedad.

El nuevo decreto, el 427/2021 reflota la AGP Administración General de Puertos, una institución aplastada por la Reforma del Estado y esto es en sí mismo una buena noticia, cualquier acción para recuperar la operatividad pública en áreas estratégicas debe valorarse. Debe tenerse en cuenta que hoy con el Dec. 949/2020 vigente y el Presidente de la Nación junto a sus ministros defendiendo el plan de licitar esta acción no deja de ser fruto de la comprometida militancia que rechaza la repetición de la privatización. Sin embargo, no es para festejar porque realmente nada cambia en términos de quién realizará las obras y quién se beneficiará con ellas. El Ejecutivo sabe de la capacidad real de acción de la desmantelada Administración General de Puertos y hace un triplete típico del tono conciliador de este gobierno. Le da a la militancia aquel rol estatal que pide por todos lados, a los agroexportadores les mantiene el bajo costo logístico y a las empresas de dragado extranjeras (la OCDE) les garantiza la realización de las obras al colar en el decreto la certeza de ejecutar las obras por terceros a sabiendas que no hay capacidad pública instalada. Una capacidad que fue desmantelada a propósito en un acto de servilismo traidor de larga data que se renueva más allá de la grieta gobierno tras gobierno.

El show mediático 

Este Decreto se venderá como una estatización desde el oficialismo aunque realmente no lo es y si aún lo fuera tiene una duración estipulada de solo un año para luego encarar una licitación a privados extranjeros de larga duración, por varias décadas según anticipan.

Resulta que estamos en compás electoral y el oficialismo muestra obras para su electorado que reclama un Estado capaz de inclinar la puja distributiva hacia las masas bajo la mística de un gobierno popular. Hoy la militancia del FdT es un colectivo diverso y cada vez más organizado que no pasa por alto los flacos argumentos esgrimidos para perdonar a Vicentin por más que agradezcan por el dispositivo de vacunación contra el COVID. Tampoco hay que quitarle valor a la presión que ejercen los agroexportadores, la corporación mediática combinada con la judicial y los organismos exteriores que aprietan en cada renegociación de deuda. Entonces todo es ruido: los militantes  con los medios afines al oficialismo aplauden una estatización que no existe mientras la oposición insiste en las bondades de la inversión privada y coso.

La verdad de la cuestión es que la Argentina no construye dragas porque sus representantes no quieren y hay una manada de lobos afuera peleando por el negocio o algo peor. Hay algo mucho peor que privatizar algunas obras que es arrebatar una atribución del ejercicio soberano sobre el uso y control territorial de espacios interiores. De eso hablamos. No es mover arena, es permitir o no el tráfico interior sobre nuestras abundantes e imprescindibles vías navegables y si la Argentina no depende de un buen señor que te cobra por hacer ese trabajo seríamos definitivamente más libres.

Lo que sigue

El electorado que sufrió el invierno macrista espera un resarcimiento del salario perdido en el hoy pero también mira hacia el futuro con exigencias de tipo estratégicas que busquen el bienestar a largo plazo. El colectivo popular ve en cada acto de gobierno la oportunidad para dar pasos hacia la distribución de la riqueza y en esa mirada están los recursos naturales, las fuentes de energía con sus mecanismos de distribución, la Red logística con sus puertos y por supuesto la reactivación de la industria. 

El dilema en que se encierra este gobierno se debe a un espíritu conciliador que es incompatible con las aspiraciones de su núcleo más duro. Todo se basa en aquel esfuerzo que motivó la unidad y a esta fórmula, en un compromiso de Volver mejores pero sobre todo Volver. Hoy el gobierno camina al filo porque se apoya en el supuesto que ante el abismo que presenta la oposición conservadora con sus medidas liberales de fuerte ajuste hacia la sociedad, hablando en término de votos, el costo de no cumplir con las aspiraciones políticas más radicales podría ser llevadero o hasta insignificante. La cuestión de importancia termina siendo si ganar elecciones y elevar gobiernos populares sirven para resolver las asimetrías que plantea la concentración de la riqueza o si estamos ante una realidad inamovible dónde los partidos políticos resultan inertes e insuficientes a los reclamos de una parte de la sociedad.

La resolución de cómo brindar los servicios para asegurar la navegabilidad, que es una atribución exclusiva e irrenunciable del Estado deja en evidencia hacia dónde empuja este gobierno o cualquier otro. Son marcas indelebles que definen el perfil de una época.  La antagonia que presenta el modelo previo a 1995 con el actual no se resuelve con la aparición testimonial de la AGP para tercerizar obras. Estamos pisando el vencimiento de un modelo preventista y en su continuidad o no se encierra quién va a perder. Perderá la sociedad argentina en su conjunto o un grupo de tránsfugas que alardean de un aire corporativo pero que respiran gracias a las arcas públicas. No hay soluciones mágicas y alguien va a perder. Puede ser que pierdan los que ganaron hasta ahora o que pierdan los que luchan por recuperar un país soberano y más justo. En ese caso perderán las futuras generaciones y también algún político puede perder uno que otro voto.

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