RECUPERAR SOBERANÍA SOBRE LA CUENCA DEL PLATA Y MAR ARGENTINO

Grupo de Economía Política de la Internacional Progresista Argentina, IP

Mediante decreto 949/20 el gobierno nacional inició el proceso para volver a licitar el dragado y balizamiento del denominado sistema de navegación troncal río Paraná, mal llamado “Hidrovía Paraguay-Paraná”, privatizada por el gobierno de Menem. Este corredor hídrico conecta el transporte fluvial desde el límite norte del litoral hasta la salida al Mar Argentino por el río de la Plata (y de allí al océano Atlántico), y su gestión privada por Hidrovía S.A. implica en los hechos la privatización del principal sistema de navegación fluvial del río Paraná y gran parte de la cuenca del Plata, su sometimiento [bajo] jurisdicción extranjera en el marco de los tratados bilaterales. De hecho implica la renuncia a la soberanía sobre el Mar Argentino y la Cuenca del Plata, por donde circulan el 75% de las exportaciones argentinas declaradas, y todo el flujo de contrabando de granos, productos piscícolas, forestales, minerales e hidrocarburos extraídos del país, ocasionando pérdida de divisas e ingresos fiscales, encarecimiento del coste de los alimentos y productos básicos y perjuicio a los productores locales que no forman parte de estas redes de ilegalidad, pues enfrentan mayores costes y competencia desleal.

Las pérdidas anuales por la privatización y el contrabando suman muchos miles de millones de dólares que suponen pérdidas de reservas del BCRA y de ingresos fiscales, que representarían gran parte de los fondos necesarios para cubrir el pago de la deuda pública y ayudarían a financiar las tan necesarias inversiones y gastos sociales por parte del Estado, por lo que tiene importancia estratégica para el país. El sistema organizado de saqueo de recursos naturales y riqueza social de nuestros suelos y cuencas hídricas es favorecido por el desmantelamiento de sectores claves de la Aduana y el Puerto, además de la subordinación de sus empleados al cumplimiento de órdenes y regulaciones privadas, lobistas y funcionarios que viven de la puerta giratoria entre el Estado y el mercado, y la asistencia financiera clandestina procedente de negocios ilegales de todo tipo. También por el blindaje jurídico que otorga la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales, en los que nuestro país ha sido condenado reiteradamente y que se agravará si el gobierno aprueba el lesivo acuerdo de comercio e inversión entre la UE y Mercosur, que cede soberanía a las corporaciones.

En estas condiciones, el ejercicio efectivo del poder de policía aduanero y tributario se torna imposible. El comercio ilegal de granos, minerales y otras materias primas de exportación ha funcionado bajo la mirada pasiva de las autoridades de control de comercio exterior, mientras que el sistema financiero ha desarrollado una gama de instrumentos, contratos, vehículos de inversión entre otros medios de transacción y pago, que se encuentran directamente correlacionados con el ingreso y salida de divisas por medios clandestinos o de difícil identificación, que facilitan la fuga de capitales, el lavado de dinero y maniobras especulativas que atentan contra la estabilidad económica y financiera.

Las falencias en materia de poder de policía también están presentes en el ámbito regulatorio de la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera, que no ha sabido poner coto a la fuga de capitales ni prevenir la reproducción del delito financiero y su daño social, lo que posibilita que bancos, agencias y casas de cambio que operan en el país puedan ser controlados por actores vinculados al crimen organizado.

La desregulación financiera facilita el uso de cuentas “offshore” registradas en guaridas fiscales –que necesariamente implica a entidades presentes en la City porteña- que reciben fondos ilícitos vía operaciones realizadas con títulos que luego legalizan mediante inversiones de portafolio en el exterior y que retornan como inversiones externas especulativas de cortísimo plazo en activos argentinos, que alimentan la inflación, devaluaciones, endeudamiento externo y la posterior fuga de capitales al exterior, gracias al papel de fondos de inversión como Blackrock, Greylock o Fidelity, que las vehiculizan

Este sistema ha construido un anillo de fuego criminal que depreda nuestra economía, mina las políticas públicas y afecta las condiciones de vida de la población. Por ello es necesaria la anulación inmediata del decreto 949/20 que mantendría en manos privadas la gestión de la mal denominada hidrovía y la renuncia de hecho a la soberanía sobre el río Paraná y el Mar Argentino, además de la puesta en riesgo de una de las reservas hídricas más importantes del globo y el posible saqueo de una enorme diversidad biológica.

Las afirmaciones recientes del ministro de transporte de que “No hay capacidad nacional para administrar hidrovía”, implica una renuncia a una política pública de recuperación de controles y potestades que conforman el poder de policía aduanero y fiscal, tarea crucial para el futuro del país.

Es imperioso que el estado construya un sistema eficaz de fiscalización sobre el volumen y valor real de extracción y exportación de recursos minerales y agropecuarios, mediante el seguimiento del tránsito de mercancía por tierra, mar y aire. Es necesario abandonar el sistema de simples declaraciones juradas privadas de las materias primas que se exportan, que facilita la subfacturación, la facturación falsa y la triangulación de exportaciones e importaciones con fines elusivos e incentiva la corrupción de funcionarios públicos.

Urge adoptar una política estratégica de recuperación de la soberanía nacional, que modifique las regulaciones administrativas para favorecer el control comercial de ultramar, la salvaguarda de la soberanía sobre los mares y el desarrollo de la economía nacional. El aparato estatal dispone de recursos suficientes para ejercer el poder de policía y cuenta con infraestructura y personal de dragado y balizamiento. Es necesario invertir (muy rentablemente) en recursos destinados a perseguir el fraude aduanero y fiscal, el delito de lavado de dinero, y en reforzar instrumentos de decomiso sobre mercaderías y activos no declarados.

La legislación vigente en la materia aduanera establece facultades amplias de fiscalización y control sobre las zonas aduaneras, aguas, lecho y subsuelo submarino. Es necesario comprometer también a los gobiernos de Paraguay y otros vecinos, además de a la República Popular China, principal destino de mercancías (también las contrabandeadas).

Es posible y necesaria una política nacional soberana sobre nuestras aguas, que cree instrumentos públicos, como una empresa estatal con participación de los trabajadores, para la administración, operación y mantenimiento del sistema de navegación fluvial y transporte comercial marítimo por el Río Paraná, que defienda los recursos hídricos y acuíferos potencialmente afectados.

Es necesario aprovechar el canal Magdalena, asumiendo el costo de obra de apertura, dragado y balizamiento de esta nueva conexión de la vía fluvial con el mar argentino y viceversa, que permitiría reducir enormemente los costos de circulación de buques y el ahorro de tarifas y tasas, ligados al uso de los servicios del puerto de Montevideo. En ese sentido, celebramos el emplazamiento de la boya de señalización del canal, el cual será navegable a quince pies. Instamos a profundizar este camino a partir del reconocimiento del Canal como ruta oficial de la Argentina, que permitirá reducir los costos de circulación de buques y ahorro de tarifas y tasas ligados al uso de servicios del puerto de Montevideo.

Una estrategia global de comercio exterior requiere un esquema de control público del tránsito de mercaderías comercializadas con el exterior, que además de soberanía recupere ingresos públicos que permitirían resolver el grave problema de la deuda del Estado y financiar políticas públicas fundamentales.

El comercio exterior debe ser parte de un proyecto de construcción de un país justo, libre y soberano, viable para todas las personas que lo habitan. El proyecto de país debe basarse en una economía centrada en su mercado interior, con una matriz productiva en la que la industria tenga un papel clave que modifique el actual esquema primario exportador, generador de pobreza, inflación y deuda recurrente, depredación ambiental y violación de derechos humanos. Esto implica una estrategia fuerte de integración regional, incompatible con acuerdos de comercio como el de UE-Mercosur, el “ALCA europeo” que nos quieren imponer las multinacionales y los sectores agro-minero exportadores.

El Grupo de Economía Política de Internacional Progresista Argentina se compone por Fernanda Vallejos, Alcira Argumedo, Judith Said, José Sbatella, Pedro Biscay, Jorge Fonseca, Hernán Arbizu, Marcelo Brignone y Alicia Castro. (Publicado el 26 de marzo de 2021)

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