Quien maneja los puertos?

Conozca los intereses detrás de los puertos bonaerenses de uso público

Muchos dirán que la evasión fiscal es un tema cultural, que la presión tributaria en Argentina es elevada y que los fondos recaudados se gastan mal. La verdad es que son todas afirmaciones ambiguas, no fundamentadas y que dicen muy poco siendo solo aseveraciones para justificar una posición tomada que puede ser respetable pero no implica tener razón.

Vista aérea de Puerto Rosales

Bajo el mismo mecanismo se podría decir: ‘La provincia de Buenos Aires está quebrada’ y ello es una sentencia tremendista que surge de saber que hay muchos servicios públicos que durante la última administración sufrieron recortes y que en el 2020 se deben enfrentar vencimientos de deuda por 2705 millones de dólares los cuales se han tomado con acreedores privados bajo legislación extranjera, no se pueden reperfilar sin común acuerdo.

En ese contexto, con una finanza nacional también débil, la primer medida del gobernador Kicillof fue hacer caja y ello sacudió el avispero sobre todo en materia puertos. La presión fue tan fuerte que el paquete de medidas corrió peligro y fue recortado significativamente dejando llamativas concesiones.

Pero para hacer el cuadro completo de lo que pasa en los puertos argentinos nos tenemos que remontar casi 30 años. En los ’90s teníamos un gobierno permeable al liberalismo y por qué no decirlo, un aparato estatal tan conflictivo como ineficiente. La frase del ’89 ‘Ramal que para, ramal que cierra‘ era una exculpación burlona que transfería la responsabilidad del desguace al inevitable reclamo y sirvió de puntapié para perfeccionar una de las mayores estafas en nuestro país solo comparable con los empréstitos internacionales generadores de dependencia.

El autodenominado gerente de privatizaciones Jose Roberto Dromi se encargó en persona de transferir al sector privado el transporte carretero y luego de ello solo faltaban los puertos para completar todo el circuito logístico a nivel nacional. La vinculación marítimo fluvial no se hizo esperar y en el ’92 se promulga la actual Ley de Puertos que establece la categorización de los mismos según su uso, desmantela el órgano central de coordinación, descentraliza hacia las provincias, cede el Puerto de Buenos Aires, hace de los puertos privados convenientes paraísos fiscales y crea los consorcios portuarios aclarando que son públicos pero no estatales. Para decirlo simple, el Estado se fue de los puertos y se fue para nunca volver ya que a pesar que fuimos capaces de estatizar Aerolíneas Argentinas, las AFJP e YPF los puertos nunca se tocaron. Tal vez porque tengan más fuerza que todo lo anterior.

La historia en materia portuaria no terminó allí y la idea de los peajes en las autopistas más la necesidad de dragar las vías navegables abrió la puerta a más negocios y por supuesto más desguace. La concesión por peaje de la hidrovía no solo dejó en manos privadas la garantía de la navegabilidad sino que aseguró que el Estado no pueda intervenir aún fuera de aquella concesión al ceder el equipamiento estatal a los afortunados permisionarios. Inmoral es poco.

No pasó mucho tiempo para que el negocio del dragado, luego de cederse por decreto para la hidrovía pase de hecho a los puertos consorciados. Naturalmente no dejaron cabida a gente de afuera, se hicieron batimetrías privadas y se adjudicaron ellos mismos las obras. Tandem de firmas vinculadas a directores de consorcios y cifras escandalosas por servicios de dudosa comprobación. No sabe el que no quiere preguntar.

El giro político a partir de diciembre de 2015 afianzó posiciones, la figura de los consorcios en Buenos Aires se extendió de 5 a 8 y el vicio no se dejó. Vimos festejos por dragados privados y bancos de arena que no deberían estar ahí, dale que va..

Pero hoy, a inicios del 2020, quién está al frente de los puertos bonaerenses?
Bien podría decir muchos nombres y algunos gozan de varios pergaminos aunque en definitiva lo importante es al interés que cada cual representa. La lista de esos intereses es larga y ‘macheandola’ tanto con la relevancia en el comercio exterior como en la explotación de servicios portuarios el criterio es claro. Todo adentro, nada afuera.

Sin contar los puertos netamente privados, que son muchos más que los públicos, en la administración de los consorcios portuarios encontramos representantes que al dia de hoy cumplen funciones en empresas como Exolgan que forma parte de International Trade Logistics (ITL), Shell, Globaz, Loginter, Blinki, RUA, Granobba, Nidera Cofco, OMHSA, Copetro, SPISA sin olvidar a los muchachos de la Sociedad Rural, Cámara de Comercio e Industria, las cámaras de armadores pesqueros y muchos pero muchos otros permisionarios de parcelas en los mismos puertos que dirigen. Esta bien o está mal? Ellos usan los puertos entonces también los administran, razonaran… Seguro todos pagan religiosamente el canon, las tasas por uso de servicios portuarios, provisión de agua y energía además de destinar convenientemente los fondos recaudados hacia las obras de mantenimiento o ampliación que los estándares requieren. Seguramente los concejales y dirigentes gremiales que también integran en minoría esos directorios son celosos guardianes del interés público impidiendo que esos cuerpos se conviertan en escribanías. Todo sí, pero no está funcionando, vamos por mal camino y no permiten corregirlo.

Nuestra política portuaria, la de los últimos 30 años ha fragmentado a la república.

No se puede estar en la misa y en la procesión. Gestionar un puerto no es solo hacer caja o ahorrarse un costo. El problema del déficit fiscal se puede emparchar cobrando más tasas pero el grueso se escapa en las políticas liberales que no supimos o no queremos enmendar. No hay nada más liberal que privatizar un puerto público. Hoy hablamos de asimetrías entre provincias y no recabamos en la gravedad que eso implica. La competencia ínterportuaria entre entes públicos es el mejor síntoma que carecemos de un plan logístico nacional lo cual es ridículo. Nuestra política portuaria, la de los últimos 30 años ha fragmentado a la república.

En un país bioceánico, bicontinental, alejado de los centros de consumo a nivel global y con territorios insulares en conflicto la falta de una política nacional de puertos hace imposible el desarrollo nacional. Hoy los puertos del país son víctimas de la intervención privada y son explotados como propios sólo en beneficio particular. Dicho en positivo: cuando el interés público controle los puertos ese día crecerá el país. Recaudar hoy es una anécdota, tenemos al país librado a la buena de Dios. No solamente necesitamos otra ley de puertos, necesitamos otro tipo de administración, una imparcial y libre de compromisos para actuar con eficiencia. La regla es simple, un permisionario no puede dirigir, nunca. Un director portuario no puede estar ligado a un servicio por el cual el puerto cobra o paga, Nunca.

Los puertos deben vincular espacios terrestres con medios acuáticos y viceversa, no dividir y si alguien va a ganar con ellos debe ser la ciudadanía, no un holding empresario. El desmadre actual es algo superior al liberalismo, se parece más al caos, un cuadro de sumisión estatal ante la anarquía empresaria, un verdadero desastre.

Cesar Briatore

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s